La política de gestión de centros y casas de acogida para víctimas de violencia de género del Gobierno de Castilla-La Mancha (PP) amenaza con acabar con las organizaciones que, hasta ahora, atendían, protegían y asesoraban a estas mujeres. Uno de los casos más llamativos es el de la Asociación María de Padilla de Toledo, con 14 años de experiencia y referente autonómico en la materia. Este año, el Gobierno regional la ha dejado sin fondos. “Llevamos un año sin recibir ayudas y el futuro es poco alentador”, lamentaba ayer su presidenta, Carmen Fernández, que se reunirá hoy con el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha en busca de alternativas a los 48.000 euros de ayudas públicas anuales que recibían.

Sin embargo, no lo tendrán fácil, sobre todo tras la aprobación el pasado jueves del nuevo sistema de gestión de los centros que, según los trabajadores, supone una “privatizaión encubierta” de las ayudas. El nuevo sistema sustituirá los convenios por subvenciones por las que los ayuntamientos competirán con “entidades privadas sin ánimo de lucro”. “Los ganadores serán los que tengan la oferta más barata y no el mejor servicio”, denuncian las organizaciones del sector, que reclaman que, ante todo, “las maltratadas han de estar protegidas”.

Fuente: Público

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