La movilización y contestación social impidieron el cierre inminente de los 85 centros de la mujer y de los recursos de acogida y atención a las víctimas de violencia de Castilla-La Mancha anunciado por la presidenta, Dolores de Cospedal, el pasado mes de diciembre, y obligó la prórroga de los convenios que mantienen estos centros al menos durante el mes de enero. Pero poco ha durado la alegría. Las tijeras de Cospedal vuelven la carga y la respuesta social, encabezada por la red feminista de Castilla-La Mancha, no se ha hecho esperar.

A día de hoy ya han cerrado cinco centros por falta de financiación y, una resolución que convoca las subvenciones para la gestión y funcionamiento de estos centros, publicada en el diario oficial, advierte claramente cuál es la intención de la presidenta de Castilla-La Mancha. En primer lugar, recorta en un 40 por ciento el presupuesto para estos centros, lo que en la práctica hace imposible que la red funcione como venia haciéndolo.

Además, rebaja el número de profesionales que atenderán los centros. La Red Feminista explica que es especialmente “sangrante” la situación que se creará en el medio rural, pues “o no contaran con profesionales suficientes o los tendrán a un cuarto de jornada”. Esto impide poder dar el servicio de información, orientación y asesoramiento en materia de igualdad de oportunidades y hace imposible que puedan desarrollar actuaciones de prevención del sexismo y de la violencia de género, asegura la Red.

Por último, el régimen de concurrencia competitiva y los criterios de selección no priorizan a las administraciones públicas y no valoran suficientemente la experiencia en la gestión. La Red teme que sea una “privatización encubierta, ya que supone elegir la oferta más barata no el servicio de más calidad”.

Denuncia

Por todo ello, la red feminista de Castilla la Mancha quiere denunciar este “brutal atropello”: la pérdida de derechos e instrumentos que trabajan por la igualdad de oportunidades. “Hemos decidido promover un recurso judicial, porque estas decisiones no solo son injustas sino que además vulneran la legalidad vigente en nuestro país y en nuestra región”, aseguran.

Las feministas explican que “la vulneración más flagrante” se produce en relación a la Ley 5/2001 de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas. Dicha ley especifica nítidamente que la red de atención a mujeres estará compuesta por un centro de la mujer en cada municipio o mancomunidad de más de 5000 habitantes y un centro de acogida para víctimas de violencia de género en todos los municipios de más de 25000 habitantes. Según la Red feminista de Castilla la Mancha, este hecho se vulnera claramente en las demarcaciones territoriales que establece el anexo II de la reciente resolución emitida por el gobierno de Cospedal.

Además, con dicha normativa, se viola la carta de servicios de los centros de la mujer, ya que no podrán cumplirse los horarios de atención a las mujeres, ni las personas profesionales especialistas en las cuatro áreas ofertadas y desde luego será imposible dar respuesta a las solicitudes de las mujeres en menos de 48 horas.

Mientras que la intención tendrá que estar puesta en seguir desarrollando y ampliando una red y unos servicios encaminados a igualar las oportunidades de hombres y mujeres, “está claro que para Cospedal no es ni prioritario ni importante trabajar para que las mujeres no sigamos siendo discriminadas por cuestión de sexo”.

La Red Feminista advierte que continuará con protestas, con recogida de firmas en contra del cierre de estos necesarios recursos y que hará todo lo que pueda para corregir nuevamente los” graves errores de este gobierno, para impedir que Castilla la Mancha vuelva al furgón de cola”.

Fuente: AmecoPress

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