Dos semanas después de que el Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) diera marcha atrás en su intención de cerrar los centros de atención y las casas de acogida para mujeres maltratadas de Castilla-La Mancha, esta red asistencial para las víctimas de la violencia de género vuelve a estar en peligro.

La Red Feminista de Castilla-La Mancha denuncia que la resolución que convoca las subvenciones para la gestión y administración de estos centros vulnera la Ley 5/2001 de prevención de malos tratos y de protección de las mujeres maltratadas. Por eso, esta organización presentará la semana que viene un recurso judicial contra esta orden de ayudas, publicada el pasado 2 de enero en el diario oficial.

El importe total de las subvenciones que se destinan a los centros de atención y a las casas de acogida para mujeres maltratadas se reduce más de un 40%. Los 25 millones con los que contaban habitualmente se quedan en 9,9. “Esa cantidad, en la práctica, hace imposible que la red funcione como venía haciéndolo”, denunció el pasado viernes en un comunicado la Red Feminista de Castilla-La Mancha.

Privatización

Ese recorte también conlleva una rebaja en el número de profesionales que atenderán los centros. Por ejemplo, en Albacete, pasarán de contar con 11 trabajadores a solamente seis. “Los centros tendrán menos personal y más población a la que atender porque la nueva orden incluye en el área de acción de la provincia a siete pueblos más y a una mancomunidad”, explica Selia Puñal, miembro de la Red Feminista de Castilla-La Mancha.

En este punto, las feministas alertan del peligro que sufre el medio rural, “donde los centros no dispondrán de los profesionales suficientes o los tendrán trabajando sólo un cuarto de jornada”. “La nueva ordenno contempla los centros de las mancomunidades, de modo que muchas localidades se quedarán sin centro o perderán profesionales”, advierte Puñal. De hecho, de los 85 locales que hay en la región, cinco han cerrado y en dos más ya han llegado las cartas dedespido de todo el personal.

Es ahí donde la decisión de Cospedal vulnera la ley de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas, que establece que debe haber un centro de la mujer en cada municipio o mancomunidad de más de 5.000 habitantes y un centro de acogida en todos los municipios de más de 25.000 habitantes. “La red está totalmente desmantelada”, sentencia Puñal, quien recuerda además que “el régimen de concurrencia competitiva y los criterios de selección para recibir ayudas no priorizan a las administraciones públicas y no valoran suficientemente la experiencia en la gestión”. Por ello, las feministas creen que, detrás de estas modificaciones en la orden de subvenciones, hay “una privatización encubierta ya que suponen elegir la oferta más barata y no el servicio de mayor calidad”.

Los recortes del PP provocarán también que no se asuma la carta de servicios, denuncia Puñal: “No se cumplirán los horarios de atención a las mujeres [de lunes a viernes de 9 a 13 horas y los martes y jueves de 16 a 18 horas] ni les podremos dar una respuesta urgente en menos de 48 horas, como hacíamos hasta ahora”. La Red Feminista critica que Cospedal “no vea prioritario trabajar para que las mujeres no sigan siendo discriminadas por razón de sexo”.

Fuente: Público

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