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Un total de 55 entidades, en su inmensa mayoría asociaciones de mujeres, ha presentado un recurso contra la convocatoria de subvenciones para la gestión de los centros de la mujer y casas de acogida de Castilla-La Mancha en 2012, así como contra el decreto del Gobierno regional que establece las nuevas reglas que regulan el sostenimiento económico de estos dispositivos.

El recurso, planteado a través de la Red Feminista de Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha, ha sido presentado al entender que tanto la resolución como el decreto son “nulos de pleno derecho” por contravenir, entre otras normas, la Ley 5/2001 de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas de Castilla-La Mancha.

Maite Márquez, letrada de la Red Feminista, explicó ayer a este diario que el nuevo marco legal supone un “desmantelamiento absoluto” de la red de centros, tal como venía funcionando hasta ahora, y aseguró que las nuevas condiciones ya han llevado al cierre de varios centros, por lo que el recurso incluye también petición de indemnizaciones.

Sólo en Albacete han tenido que cerrar ya sus puertas cuatro de estos dispositivos, según la letrada, que denuncia que la regulación de Cospedal hace trabajar a las entidades en un contexto de “inseguridad jurídica”. “La resolución no dice qué pasa si en una demarcación no hay un ayuntamiento o asociación que quiera hacerse cargo de los servicios; ¿qué ocurre entonces con ese centro de la mujer?”, se pregunta Márquez, que asegura que “no se garantiza la continuidad de los centros”.

En concreto, los colectivos que respaldan esta iniciativa argumentan en su recurso que, con las nuevas reglas aprobadas por el Gobierno regional, presidido por la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, “no se asegura en modo alguno la cobertura del servicio en todo el territorio regional, puesto que no se garantiza que todos los municipios o mancomunidades de más de 5.000 habitantes cuenten con su centro de la mujer o que todas las capitales de provincia y los municipios con población superior a 25.000 habitantes cuenten con centros de urgencia o casas de acogida”.
Derechos vulnerados

Además, según la Red, se “castiga” especialmente el entorno rural y se vulneran los derechos de las mujeres que viven en el dicho medio, definidos en la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. También considera que se infringe el artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que establece la obligación de los poderes públicos regionales de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo, y de los grupos en los que se integra, sean reales y efectivas, así como de propiciar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo, las asociaciones de mujeres denuncian que la regulación “infringe” la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, al obviarse lo dispuesto en su artículo 17, que establece, entre otras cosas, el derecho de las víctimas de maltrato a la “asistencia social integral”

Por último, la Red critica que el número de profesionales delimitado por el decreto según la población del municipio sede del centro de la mujer es muy inferior al existente en la actualidad. Así, consideran que el número máximo de horas que prestarán los profesionales de acuerdo con el decreto “es claramente insuficiente para prestar los servicios que la administración autonómica ha de garantizar”.

La Junta tiene ahora tres meses para responder al recurso. Si, como parece previsible, lo acaba desestimando, las asociaciones recurrirán a la vía judicial para conseguir la nulidad de la resolución y el decreto.

Fuente: Público

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